Las medidas por las que optó el Estado, de desalojar a más de un centenar de propietarios de terrenos de playas de Piura y Tumbes, están causando un preocupante conflicto social en los distritos norteños.
Considerado como un verdadero abuso, más de 400 vecinos de las playas de Colán, Yacila, La Islilla (Paita), y Máncora protestaron la mañana del martes contra las medidas que viene adoptando la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
Los vecinos de Máncora por ejemplo, durante las protestas, manifestaron que en esa playa son 350 los propietarios que han sido notificados por la SBN para que certifiquen su propiedad, y en otros casos han recibido notificaciones de desalojo debido a que estarían invadiendo terrenos del Estado. Para ello SBN se avala en la ley de playas, de 1997, que establece 50 metros después de la línea de alta marea, como propiedad de la Marina, y 200 metros más como zona de dominio restringido de SBN.
Los propietarios también indicaron que ellos pagan tributos al municipio de Máncora desde hace más de 30 años. Además, el punto más importante de este caso, es el gran porcentaje de vecinos que cuentan con un título de propiedad otorgado por la misma municipalidad del distrito, lo que podría desencadenar un problema legal que tendrá que hacerse cargo la comuna, por lo que el apelativo dado por la SBN a los vecinos como invasores quedaría descartado.
